El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, prefirió romper relaciones con el alcalde Federico Andrés Gutiérrez Zuluaga, y desconocer a su máximo jefe Álvaro Uribe Vélez, con relación a la polémica sobretasa a seguridad que piensa cobrar en enero del 2025 sin que haya dicho con cuál mecanismo.
Para lograr los 14 votos que necesitaba en la Asamblea de Antioquia tuvo que acudir a los diputados liberales Jhonatan Roldán y Hernán Torres, quienes estuvieron en campañas a gobernación con candidatos cercanos a Petro.
También tuvo que llamar al diputado conservador, Juan Esteban Villegas, quien estuvo con Juan Diego Gómez Jiménez, para la gobernación e hizo coalición con Luis Fernando Suárez Vélez en el 2023.
Rendón Cardona se fue en contra del alcalde, quien le dijo que en este tema no lo podía apoyar, que una cosa era el túnel del Toyo y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, y otra cobrar más en servicios públicos a través de EPM.
El máximo jefe del Centro Democrático, Uribe Vélez, también lo instó a reflexionar, pero tampoco le hizo caso.
El ex alcalde de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, lamentó que el gobernador haya roto relaciones con el alcalde Gutiérrez Zuluaga (quien lo ayudó a elegir) en esa unidad por Antioquia, en momentos complejos con el gobierno nacional.
En la alcaldía de Medellín todavía están tratando de digerir cómo el gobernador fue capaz de buscar votos petristas en su ordenanza y de oposición, con tal de llevarse el punto en una propuesta que es impopular, además lo ven como alguien caprichoso que sólo piensa en él y hace lo que quiere cueste lo que cueste. Que no agradece.
En conversación que sostuvimos con el ex senador, Santiago Valencia, quien ahora hace las veces de “abogado de oficio” del gobernador, no supo explicarnos si la sobretasa se cobrará vía predial, por impuesto vehicular, o por dónde. Nos dijo que habrá un decreto reglamentario en enero del 2025 con todos los detalles del cobro y la vía. Que no era necesario que eso estuviera en la ordenanza.
El gobernador, a su turno en declaraciones con BLU Radio, dijo que podría ser con otras empresas operadoras de energía que, por predial, y mencionó el impuesto vehicular, y ahí sí que nos perdimos más, y Néstor Morales, no supo cómo aterrizar esa respuesta tan ambigua.
Otra duda que surge es que el gobernador habla de obras de infraestructura como cárceles, ¿y eso no requiere unas autorizaciones del orden nacional?, pues ya cuenta con una investigación por la construcción de un CAI al parecer sin en el lleno de los requisitos cuando fue alcalde en Rionegro.
Ex el alcalde de Envigado, Braulio Espinosa Márquez, quien hace parte de los liberales que apoyaron al gobernador en campaña, dijo que es un error que le estemos dejando a Petro el camino fácil para que no responda por los recursos que le corresponden a Antioquia.