El gobernador Andrés Julián Rendón Cardona presentó un proyecto de ordenanza (que retirará) con el que pretendía que los antioqueños pagáramos más en energía para costear temas de seguridad.
Se trataba de implementar una tasa para seguridad, vía cobro de tarifas de energía en Antioquia.
De inmediato hasta los mismos diputados de coalición le hicieron saber que no era conveniente en medio de la crisis económica del país, sumarle más cargas a la gente, además de la reestructuración que adelantará en la Gobernación, donde habrá varios desempleados.
El diputado de Creemos, Juan Felipe Vélez Álvarez, sostuvo que: “El país enfrenta una situación económica complicada, caracterizada por una alta inflación, aumento del costo de vida y un decrecimiento en el poder adquisitivo de las familias. Las personas están experimentando un incremento significativo en sus gastos básicos, como alimentos, transporte y servicios públicos. Añadir una sobretasa de seguridad en la energía aumentaría la carga financiera sobre los hogares, exacerbando las dificultades económicas que ya enfrentan”.
Manifestó que: “Muchas empresas en Antioquia, particularmente las pequeñas y medianas, ya están luchando por sobrevivir en medio de un entorno económico desafiante. El Producto Interno Bruto (PIB) del país en 2023 solo subió un 0,7%, reflejando un crecimiento económico prácticamente estancado. Imponer una sobretasa adicional en la energía en este contexto podría ser el golpe de gracia para muchas empresas, llevándolas al cierre y, en consecuencia, generaría aumento en desempleo en la región. Esto tendría un efecto dominó negativo en la economía local”.
El diputado de coalición dijo que: “Dentro del proyecto de Ordenanza no encontramos un análisis que permita evidenciar el estudio realizado frente a la viabilidad de la tasa, frente a qué montos se espera recibir ni se han dado argumentos claros sobre por qué la sobretasa no tiene un tiempo límite de aplicación. Además, no ha sido posible determinar las acciones concretas que se pretenden realizar con el dinero recibido de la sobretasa. Esta falta de información y planificación genera desconfianza entre los ciudadanos y las empresas, quienes pueden percibir la medida como un intento de recaudar fondos sin un plan claro y definido para su uso».
Concluyó que: “El gobernador se ha opuesto tajantemente a la implementación de nuevas reformas tributarias a nivel nacional. Sin embargo, promoviendo su propuesta de autonomía fiscal y criticando el exacerbado centralismo, pretende implementar mini reformas tributarias amparado en las facultades que le otorga la ley desde los departamentos. Esta aparente contradicción genera confusión y desconfianza entre los ciudadanos y las empresas, quienes pueden percibir una falta de coherencia y estabilidad en la política tributaria regional”.
Hay diputados que le han dicho al gobernador que debe mejorar las relaciones con el presidente Gustavo Petro (así no le guste) porque todo no lo podemos resolver con recortes, vacas, cargas tributarias y el referendo de la autonomía fiscal.